FRENTE A LAS MEDIDAS QUE AFECTAN LA EDUCACIÓN

EL CONTRATO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN

FRENTE A LAS MEDIDAS ECONÓMICAS QUE AFECTAN LA EDUCACIÓN

El Ecuador atraviesa una situación crítica en todos los órdenes: sanitario, económico, social, político, ético. En ella confluyen la pésima administración y corrupción del gobierno pasado, la irrupción de la pandemia, el colapso de los precios del petróleo y varias políticas erráticas y omisiones del actual gobierno. Los principales afectados de la situación son los sectores marginados, cuya situación en algunos casos se ha vuelto insostenible. La clase media sufre también, cada vez con más fuerza, los impactos negativos de la situación. 

El efecto más dramático de la crisis se expresa en el área del empleo: despidos selectivos y masivos, baja de salarios, agravamiento de informalidad, irrespeto a derechos laborales. La situación incluye a trabajadores privados y empleados del estado. Afecta a todos los sectores desde la producción hasta la educación. La situación está ocasionando un deterioro de las condiciones de vida de la población, y comprometen, en el caso de la formación, el acceso, la permanencia y la calidad del servicio educativo. 

En los últimos días, el Ministerio de Finanzas comunicó sorpresivamente la reducción de 98 millones de dólares a la educación superior. La medida afectará directamente al empleo de docentes y a la supresión de 42 mil becas adjudicadas a estudiantes de sectores de bajos recursos. Adicionalmente, el Consejo de Educación Superior acaba de aprobar un acuerdo que constituye un duro golpe a las labores de investigación. También aumenta el número de estudiantes por profesor a límites antipedagógicos. En otras palabras, masifica la educación universitaria y precariza el trabajo docente. Los afectados en último término, son otra vez, los estudiantes universitarios.

En las semanas pasadas se conoció también medidas que afectan la educación regular, básica y bachillerato. Despidos de maestros con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares, ajustes en programas emblemáticos de educación de adultos.  En la educación privada se han producido también despidos y reducciones de sueldo, no siempre concertados como era la disposición gubernamental.

Este paquete de medidas contra la educación -sin sustento ni información suficiente-  viola expresas disposiciones constitucionales que prohíben usar fondos públicos destinados a salud y educación para otros fines, incluso en estados de excepción. Prohíbe igualmente restar asignaciones presupuestarias a las universidades.  Las medidas ponen en riesgo el ejercicio del derecho a la educación, del cual el Estado es su garante ante la sociedad nacional e internacional. Atentan además contra el derecho a la vida de grandes capas de la sociedad.

Adicionalmente, las medidas contradicen el discurso oficial, emitido por el Presidente y los Ministros, sobre el valor estratégico y la función social de la educación junto con la salud.  Sobre la prioridad que deberían tener los sectores vulnerables, especialmente niños y jóvenes de escasos recursos.

Entendemos que la disponibilidad de recursos del estado es limitada. Pero conocemos también que se canalizan nuevos fondos vía créditos, donaciones, colaboraciones, impuestos. Consideramos que para la distribución de estos recursos deben tener prioridad, por su significado estratégico, los sectores de la salud y la educación. El país está convencido además, que es posible recurrir a fuentes alternativas de recursos que aun no se han explorado a pesar de las propuestas de la sociedad.

Medidas económicas como las emitidas contra el sector educación, junto con ocasionar el empeoramiento de las condiciones de vida de miles de estudiantes, docentes y familias, pueden provocar efectos sociales imprevisibles, que ojalá no alcancen los niveles vistos en las movilizaciones de octubre 2019 que pusieron en peligro la propia estabilidad institucional del país.

Las disposiciones económicas que afectan al sector educación no pueden estar a cargo del Ministerio de Finanzas, que desconoce la problemática del sector educativo y no expresa las prioridades sociales del país. El asunto supera un Ministerio, es un tema de Estado, de principios sobre el funcionamiento de una sociedad. Con estos criterios deben ser abordados temas de tan alta sensibilidad. 

Ante las medidas económicas que lesionan la educación y a sus actores el Contrato Social por la Educación plantea:

* Solicitar al Presidente dejar sin efecto las medidas en contra de la educación por atentar a disposiciones legales, derechos de estudiantes y docentes y compromisos emitidos.

* Exigir al Ministro de Finanzas información integral sobre los recortes a todos los sectores, especialmente salud y educación. E identificar de forma urgente fuentes alternas de financiamiento como las que la sociedad ha señalado: reducción del servicio exterior, reducción de la Asamblea, cobro de deudas al estado, contribuciones de empresas que se han beneficiado en la cuarentena, recuperación de fondos por corrupción, y otras.

* Exhortar a la Ministra de Educación a canalizar sus esfuerzos para preservar las plazas de docentes y la permanencia de estudiantes en el sistema. Solicitar la realización de un estudio riguroso de procesos administrativos internos con el fin de racionalizar y optimizar el uso de recursos, preservando los derechos laborales y las prioridades educativas.

* Invitar a la sociedad civil, docentes, estudiantes, Ministerio de Educación, academia, empresas y cooperación a constituir un colectivo multidisciplinario que diseñe desde ahora el modelo y las estrategias de educación para las nuevas condiciones que enfrentará el país en el corto plazo.

Quito, 7 de mayo 2020